La crisis estructural que viven las instituciones públicas en México, hace impensable concebir la Política Nacional Anticorrupción al margen de la participación ciudadana, y como epicentro de legitimidad y universalidad de las acciones del Estado.
La propuesta de Política Anticorrupción de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), se formuló con el objetivo de transitar hacia un régimen universalista y evitar que el interés privado vulnere la autonomía del Estado y el ejercicio pleno de derechos. Actualmente, con el propósito de mejorarla y socializar su contenido, se analiza en una amplia Consulta Nacional en la que participan instituciones, académicos de 72 universidades y organizaciones especializadas en la materia; análisis que le otorgará legitimidad, y garantizará que la propuesta vaya más allá del diagnóstico y pase a la praxis pública.
La Consulta Nacional, encontrará los cauces necesarios para aprovechar la fuerza de la inteligencia social y trascender en la horizontalidad y asociativismo de la participación ciudadana; promover la creación de estructuras comunitarias y vecinales; impulsar la corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas; y corregir el déficit estructural que viven las instituciones gubernamentales, para lograr que la operatividad pública en el combate a la corrupción, constituya el criterio sine qua non para elevar el rendimiento de la tarea pública y asegurar el porvenir de la Nación.
En este escenario analizaremos desde la visión transversal de la participación ciudadana, el primer eje de la propuesta de la RRC, la Profesionalización y Generación de Capacidades de la Política Nacional Anticorrupción.
Las acciones en esta materia son concebidas como condición básica para fortalecer la estructura operativa del Estado, elevar los rendimientos de la tarea pública y garantizar su eficiencia y eficacia; fundamentándolas en el reconocimiento de méritos, legalidad, igualdad de oportunidades y generación de condiciones de interoperabilidad de los servidores públicos.
Estos principios intentan prescribir las condiciones básicas que permitan terminar con el sistema de privilegios y con la discrecionalidad que ha imperado en la asignación de los puestos públicos, dando paso a la certidumbre del Servicio Civil de Carrera, que permite el ascenso meritocrático de los servidores públicos, garantizando con ello, que las filias de orden político no primen como criterio de la estructura burocrática.
El objetivo es erradicar las prácticas de verticalidad del poder, que al asumirse como botín político, genera parcelación y obstrucción funcional de la operatividad pública e impiden la universalidad y el florecimiento de capacidades de los servidores públicos en su desempeño institucional.
En este cometido, la futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha expresado que: “…se buscará instaurar un Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño para implementar un Servicio Civil de Carrera que acabe, de una vez por todas, con el uso faccioso y clientelar de los cargos de la administración pública federal…[se] ofrecerán elementos para el desarrollo profesional de los servidores públicos y para que el mérito, el trabajo y la honestidad en beneficio de la sociedad, sean los únicos criterios para desarrollarse en la función pública. Además, se harán más eficientes y transparentes los mecanismos de ingreso y ascenso de los servidores públicos, bajo los principios de no discriminación por género, preferencias sexuales o étnicas.”
Este trazo prescriptivo evitará el secuestro de los puestos públicos, lo cual será asumido dentro de la estructura de obligaciones del Estado, para priorizar una nueva conducta de probidad y moralización pública, que potencie la función de los servidores públicos y optimice su respuesta a la ciudadanía.
La universalidad del andamiaje institucional propiciará el destierro de la corrupción y la impunidad de las lógicas del control burocrático del Estado, y hará que las prácticas de Gobierno Abierto, moralización publica, calidad interoperativa y de gestión, eficiencia pública, inteligencia social e institucional y desarrollo y seguridad humana, constituyan signos inequívocos del asociativismo ciudadano como aspecto vital, que permitirá la evolución de la función pública como espacio significativo de equilibrio del orden sistémico.
En este momento histórico, la discusión de fondo estriba en garantizar que la Consulta Nacional sobre la Política Anticorrupción, constituya el correlato de un organismo público ciudadanizado, como lo es el Comité de Participación Ciudadana del SNA y lograr que su sistematización interoperativa, no deje espacios ni resquicios a las prácticas de corrupción e impunidad. Realidad que sólo es posible en la medida que se asegure la transversalidad de la participación ciudadana en el entramado jurídico del Estado; se salvaguarden los principios fundamentales de la soberanía popular; y consolide la horizontalidad en la conducción e interlocución gubernamental.
En esta tesitura política, la profesionalización pública genera condiciones de mejora continua, ya que establece estándares claros apegados a protocolos inteligibles que propician certidumbre y evitan opacidad y discrecionalidad. Empero, resulta imprescindible que la Política Nacional Anticorrupción se vuelque sobre el plano de la Data Pública, donde el manejo de la información fluya de arriba hacia abajo y viceversa, estableciendo vínculos que fomenten la corresponsabilidad decisoria entre sociedad política y sociedad civil, que normalicen la operación de una administración pública abierta.
El imperativo es innovar desde la inteligencia institucional y social las condiciones que priman en el sistema político y de gobierno, y trascender la verticalidad de las estructuras institucionales que obstruyen la dinámica social y la soberanía ciudadana. Esta discusión encuentra en la Política Nacional Anticorrupción, el espacio idóneo para garantizar el avance de las fuerzas sociales que han sido históricamente impedidas en el ejercicio de gobierno, ya que la reestructuración de la función pública, concretará la profesionalización burocrática en un nuevo modelo de concurso.
No se puede permitir que esta propuesta ciudadana quede en el vacío y en el olvido. Negar su trascendencia, es infringir, como se ha hecho tantas veces, una derrota ciudadana que implica el revés de la trama de toda conquista social: la opresión tiránica que se esconde en el doble discurso del quehacer gubernamental.
La transparencia, la rendición de cuentas y la probidad pública que se acompañan de profesionalización pública y de transversalidad ciudadana, deben ser el reflejo de una soberanía expresa e irrestricta de una sola voluntad, la del pueblo.
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- El Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, declaró la nulidad del Reglamento y de los actos de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto para concesionar el servicio de los parquímetros; esta sentencia reviste un especial significado ante la defensa de los intereses de la comunidad y la importancia de que los actos de autoridad sean plenamente válidos, en sentido formal y material.
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