El pasado 31 de enero se presentó el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project (WJP), que mide la percepción sobre el funcionamiento del sistema de justicia y de las condiciones del Estado de Derecho de 113 países, a través de encuestas que se realizan en 110,000 hogares y con 3,000 expertos en el tema. El Índice está compuesto por ocho categorías: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia Penal. México obtuvo el lugar 92 de 113, situándose en el rango de países con un bajo nivel de fortaleza en su estado de derecho. Consulte aquí informe completo
Fuente: WJP Rule of Law Index, 2017-2018
El informe del WJP evidencia de nueva cuenta la urgencia de contar con reformas contundentes para poder transformar de fondo el sistema de justicia en México, para que garantice de manera efectiva derechos, haga frente a la corrupción y permita un equilibrio verdadero en materia de orden y seguridad en el país. Los datos del Índice, están en sintonía con las exigencias y el reto lanzado en pasados días por los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva (conformados por organizaciones de la sociedad civil, academia y empresarios) en el que pidieron a los precandidatos a la Presidencia de la República pronunciarse, movilizarse y hacer todo lo que esté a su alcance para impulsar la reforma al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si se logra impulsar esta reforma se transformaría la Procuraduría General de la República, en una Fiscalía independiente, autónoma y eficaz, que esté ajena a intereses político partidistas.
“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades” (Neukom, fundador y CEO del WJP) y la transformación de las instituciones encargadas de impartir justicia y de velar por los derechos de los ciudadanos es solo el primer paso para lograrlo. Esta es una agenda que se ha ido rezagando y la clase política no ha respondido a los llamados de la sociedad, que clama por un sistema de justicia que realmente vele por los derechos de todos por igual y no privilegie solo a unos cuantos. En pleno proceso electoral, será interesante analizar las propuestas que los aspirantes a dirigir el gobierno tengan al respecto.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas
