Como es del conocimiento del lector, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 18 de febrero. Ya es tradicional, por así decirlo, que en las semanas siguientes se presente un gran cúmulo de reacciones en los distintos medios de comunicación, conforme empieza a darse a conocer el contenido de distintas auditorías que tienen resonancia en el interés público.
Hay que señalar que, de conformidad con el marco legal que rige el proceso de fiscalización en México, es preciso tener en cuenta que la presentación de los resultados es únicamente una etapa; los entes auditados cuentan con un periodo específico para ofrecer a la ASF documentación y alegatos en respuesta a las observaciones planteadas en las revisiones.
A mi parecer, se pueden distinguir tres tipos de reacción a los resultados de la fiscalización: el primero se basa en notas de reacción inmediata que buscan temas no identificados, en una primera instancia, por los medios en competencia.
El segundo se refiere a una evaluación crítica que se caracteriza por llegar a una conclusión generalizada de que el sector público presenta serias deficiencias e incurre, sistemáticamente, en actos irregulares como parte de su funcionamiento.
Una tercera opción está representada por distintos formadores de opinión que, con base en el análisis de casos particulares, buscan ofrecer al público una aproximación centrada en aspectos estructurales, así como plantear alternativas para su solución.
En un país democrático, estas alternativas, y otras más, contribuyen a enriquecer el debate, y aportan elementos que pueden resultar complementarios en aras de obtener un panorama general de lo que para la sociedad implican las observaciones y hallazgos de la revisión del uso de los recursos públicos.
Creo que todo intercambio de puntos de vista que coadyuve al establecimiento de modificaciones de fondo que permitan alcanzar un mejor nivel en cuanto a la gestión pública es bienvenido; nuestro cometido es ofrecer información independiente y objetiva para que la Cámara de Diputados, los entes auditados y el público en general, cuenten con elementos para que, en sus respectivos ámbitos de acción, contribuyan a modificar las condiciones que ponen en riesgo la eficacia y la eficiencia del ejercicio gubernamental.
En atención a la situación actual del país y la visión que se tiene en cuanto a temas como credibilidad en las instituciones, la cuestión de las sanciones ocupa un lugar preponderante en la demanda pública. Es evidente que el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de sancionar, conforme a la ley, cualquier acción irregular que sea detectada. Sin embargo, yo he mantenido que la sanción, cuando no forma parte de un sistema integral acompañado de acciones preventivas y de control, se limitará a casos específicos sin que éstos tengan un efecto demostrativo que influya en los incentivos existentes para actuar de manera inadecuada.
Este, como otros temas, forma parte del entramado que se propone para sustentar un eventual Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que existen motivos para mantener una expectativa favorable respecto al futuro de la rendición de cuentas en el país.
Fuente: El Universal
