Cuál será el rol de los estados en la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social y qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se establecerán para el seguimiento de los recursos del IMSS – BIENESTAR son algunas de las preguntas tras la desaparición del INSABI.

En México, el sistema de salud ha sufrido diversos cambios que han impactado el derecho a la salud de las personas sin seguridad social, quienes son las más vulnerables. Todas estas transformaciones han generado importantes lecciones que pueden fortalecer futuras políticas de salud. A manera de recuento, destacan las siguientes.

En 2003 se modificó la Ley General de Salud y se incorporó la figura de “protección social en salud”, con el fin de brindar servicios de salud a la población que carecía de un esquema de seguridad social y que estaba en mayor situación de vulnerabilidad, dando paso al Seguro Popular, que operó por 17 años. Una primera limitación es que este sistema se pensó más en un esquema de financiamiento a la salud, que en un modelo de atención integral. Otra limitación de este esquema es que nunca cubrió a toda su población objetivo. Por ejemplo, de acuerdo con las cifras de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), al cierre del 2018 sólo el 78.6 % de las más de 68 millones de personas sin seguridad social se encontraban afiliadas al Seguro Popular, mientras que los 14 millones de personas restantes no contó con acceso a algún servicio de salud. Otro problema lo generaba su cobertura limitada, pues los padecimientos financiados por el Seguro Popular representaban solo el 2.4 % de los 14,176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionadas con la salud (CIE 10), establecidos por la OMS. Esto generaba desigualdad en el acceso a la salud entre población sin y con seguridad social, ya que tanto el IMSS como el ISSSTE cubrían el 100 % de estos padecimientos. Una limitación adicional para destacar es que, durante años, instancias de fiscalización como la ASF documentaron importantes desvíos de los recursos del Seguro Popular por parte de los estados.

En 2019, con el argumento de avanzar a la universalización y gratuidad de los servicios de salud, ampliar la cobertura y combatir la corrupción que había experimentado el Seguro Popular, el nuevo gobierno decidió reformar la Ley General de Salud. Determinó, entre otras cosas, desaparecer el Seguro Popular y eliminar los catálogos que existían, la afiliación y las cuotas de recuperación. Creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), como la nueva apuesta para brindar servicios de salud para la población sin seguridad social.

1. ¿Cuál será el rol de las entidades federativas en la prestación de servicios de salud para esta población?

En el nuevo modelo que se propone, cada entidad deberá decidir si provee ella misma los servicios de salud o si firma un convenio con el IMSS-Bienestar, para que este ente las provea. En este último caso las entidades federativas transferirán sus recursos presupuestarios, materiales, personal e infraestructura al IMSS-Bienestar. Pero el riesgo de lo anterior es que al recentralizar la prestación de servicios se diluyan las responsabilidades de las entidades federativas respecto a la garantía del derecho a la salud, ya que la salud es una facultad concurrente entre ambos niveles de gobierno. Por otro lado, la reforma establece que los recursos federales serán transferidos a las entidades y luego estas lo regresaran al fideicomiso, Fondo de Salud Para el Bienestar, a una subcuenta que se abrirá para cada entidad federativa. La reforma no clarifica cuáles serán los criterios que el IMSS – Bienestar tomará al momento de ejercer los recursos de cada entidad. Además, será clave que se establezcan mecanismos que agilicen estos procesos de transferencia de recursos para que no haya retardos en la transferencia y ejecución de los recursos del IMSS – Bienestar, que afecten la provisión de servicios y los derechos de pacientes. También será fundamental que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas, que garanticen la trazabilidad y fiscalización de los recursos y permitan evaluar sus impactos en el derecho a la salud.

En esta reestructura, las entidades federativas que decidan ceder sus facultades en la provisión de servicios al IMSS -Bienestar, transferirán sus recursos al fideicomiso FONSABI, lo que lo convertirá en el principal instrumento financiero a través del cual operará el IMSS-Bienestar. Pero desde sociedad civil, hemos documentado distintos retos y desafíos del FONSABI en materia de rendición de cuentas y transparencia en los últimos años. Por ello, debe ser una prioridad que en las nuevas reglas de operación se fortalezcan los mecanismos de administración, control, transparencia y rendición de cuentas de este fideicomiso, destinado a garantizar un derecho humano.

3. ¿Cómo se asegurará la participación de pacientes, profesionales de la salud y la sociedad en general en la implementación de esta reforma?

En suma, el IMSS – Bienestar debe asegurar que en los próximos meses haya una transición transparente, con información clara para los y las pacientes y profesionales de la salud sobre cómo será y el tiempo que durará.

* Matilde Perez es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.