El vacío político y social que causa la corrupción como fenómeno de descomposición sistémica, trastoca los valores de la probidad pública y crea un escenario de opacidad donde el ciudadano enfrenta la real politik de un manejo pragmático de redes de corrupción, que constituyen el punto de quiebre gubernamental.
La descomposición endémica del aparato público es directamente proporcional a la estructura sistémica de las redes de corrupción, cuya vertebración orgánica opera desde la manipulación jurídica y el conocimiento expreso de zonas de vacío o ciegas, donde pueden existir condiciones que desde el nepotismo construyan relaciones de poder con agentes públicos y privados, tráfico de influencias y contubernios.
El emblemático caso de Odebrechet, donde el enriquecimiento ilícito de funcionarios develó en América Latina una cloaca pública supranacional, evidenció la voracidad que puede presentar la burocracia cuando se aparta de los principios de probidad y moralización y utiliza estructuras sistémicas de redes de corrupción, que actúan creando vínculos con agentes privados y organizaciones criminales.
En muchos estados del orbe, las redes de corrupción penetran diversos entramados sociales como la educación, la cultura, la economía y la política, creando una vertebración multifactorial, que potencia sus formas de intervención y dominación societal. Frente a esta delicada situación, organismos como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y desde luego, Naciones Unidas, han advertido sobre la necesidad de ampliar las figuras jurídicas en el combate a la corrupción e impunidad.
El cuestionamiento a este escenario estriba en ¿cómo identificar los factores que inciden en el empoderamiento de las redes de corrupción?
Al respecto, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) ha detectado que se presentan tres factores expresos: la ausencia de normas que regulen la conducta de servidores y entidades públicas; la interpretación discrecional o manipulada de la norma jurídica existente; y la sobrerregulación que crea confusión y dispersión de responsabilidades del servidor público, que se une a las omisiones de los entes a los que corresponde operar el control interno, el monitoreo y la evaluación.
El análisis crítico de esta consideración permite situar a la relación poder-discrecionalidad de los servidores públicos, como el epicentro que devela no sólo la carencia de mayores y mejores mecanismos que combatan la articulación de las redes de corrupción, sino también la incapacidad de integración de la Data-Pública, como instrumento transversal que permite un arqueo constante y la búsqueda de anomias para la prevención de la zona ciega de operación delictiva.
Una prescripción estratégica estriba en hacer de la Data-Pública un instrumento de causalidad en los protocolos anticorrupción, enfocada de manera específica y cualitativa a intercambiar y evaluar la calidad, la oportunidad y la veracidad de la información, y para establecer controles expeditos sobre el manejo y actuación de los servidores públicos; así como la activación de procesos de monitoreo constante, que deben ser auditados periódicamente a través de acciones virtuales y reales.
En este trazo, una relación pertinente para combatir las redes de corrupción es el intercambio entre estados para afianzar la confianza institucional y la fraternidad entre gobiernos. Asimismo, la trascendencia informativa supranacional fortalece las funciones operativas y puede constituir un medio de retroalimentación del aparato público, reduciendo las fallas que presenta la evasión de responsabilidades de los servidores públicos y creando lazos oportunos de transferencia comunicacional entre países.
Desde un ángulo financieros, es necesario una actuación coordinada de la Hacienda Pública con organismos nacionales e internacionales que resulte idónea para prever y contener los actos de las redes de corrupción; ello presupone una revisión de los mecanismos jurídicos que permiten obtener información de particulares y entidades empresariales; condición de vanguardia jurídica que debe ampliar el horizonte del sistema político, cuya apertura democrática evite los efectos de la captura del Estado.
En el control de la corrupción no podemos descartar a priori la entropía social o nivel de desorden que permea en toda vertebración orgánica de la administración pública en la que se desenvuelven las redes de corrupción y complicidad de criminales con autoridades que corrompen y trastocan los valores y la dinámica del desarrollo Nacional. Esta condición debe ser controlada a partir de mejores protocolos anticorrupción, que se unan a la participación ciudadana como elemento transversal en la construcción y toma de decisiones del aparato público. (https://bit.ly/2qsnba4)
En este escenario, la solución factorial implica estrechar los lazos interoperativos en la administración pública para contrarrestar los efectos de la desagregación y fragmentación informativa; direccionar de manera causal la normatividad de la función pública; garantizar su eficiencia a través de legislaciones que armónicamente permitan agilizar procesos jurídicos que brinden certidumbre en la aplicación irrestricta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Resulta obligatorio profundizar los análisis para escudriñar las actividades de las redes de corrupción, como un peligro que atenta contra la soberanía nacional, porque expropian el valor del trabajo honrado de los ciudadanos, a través de constreñir al aparato administrativo a un instrumento de perversión de los principios inalienables en los que se edificó la Nación.
La desatención de esta problemática crea ostracismo, desesperanza, vulnera la confianza institucional y propicia el síndrome de “desarraigo político” que hoy experimenta la ciudadanía, que atomizada ante los estragos del abuso de poder, aprecia en la corrupción e impunidad, un despropósito de los servidores públicos y su quehacer gubernamental.
Las redes de corrupción ejemplifican que todo esfuerzo político es errático cuando margina al ciudadano de la toma de decisiones del Estado. Preservar el principio de soberanía que nace de la horizontalidad ciudadana en el poder público, fortalece la democracia y extingue toda posibilidad de zonas ciegas propicias a la corrupción e impunidad.
Esta era de transformación gubernamental debe aleccionarnos para modificar los patrones sustantivos de las redes de corrupción, que tras bambalinas, han logrado minar desde la plutocracia del poder público, el aliento cierto de los ciudadanos, que con su esfuerzo cotidiano edifican el porvenir de la Nación.
Agenda
- La “consulta” sobre la ubicación del NAICM, desechó el proyecto de Texcoco y se decidió en favor de construir dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, reacondicionar los Aeropuertos de Toluca y el Benito Juárez de la Ciudad de México, pese a todos los señalamientos de orden técnico y financiero que expresaron organizaciones de expertos nacionales e internacionales, organismos empresariales, colegios de profesionales, casas encuestadoras y analistas de medios de comunicación. Este hecho, incluso provocó un descenso en la calificación de la certeza para la inversión privada.
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