Con la reforma constitucional en materia de transparencia ningún sujeto obligado a dar información a los ciudadanos la podrá negar.

Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá determinar qué información pondría en riesgo la seguridad nacional y por ello no podrá entregarse, explicó Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

“Creemos que en el contexto actual de violencia, no es descabellado que algunos recursos puedan ser revisados por la Suprema Corte, no es que el consejero (jurídico de Presidencia) vaya a cerrar información a su gusto, existiría todo un proceso”, dijo.

En entrevista con MILENIO, la directora de esta Red, explicó que aunque las determinaciones del órgano regulador de transparencia serán definitivas e inatacables, en los temas que la Consejería Jurídica de la Presidencia considere que ponen en riesgo la seguridad nacional deberán seguir un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine si en efecto el entregar dicha información pone en riesgo la seguridad nacional o no, y en su caso, proceder con la negativa o brindar la información solicitada.

Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, de la cual dijo que terminará con la opacidad y será un instrumento esencial para la democracia.

Lourdes Morales, quien también es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y directora de la oficina de proyectos sobre rendición de cuentas de la misma casa de estudios, recordó que entre los avances de esta reforma es que se amplía el rango de los sujetos obligados permitiendo así que los ciudadanos conozcan la información de sindicatos y partidos políticos.

“Sienta las basas para que no sólo se tenga acceso a la información sobre el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y judicial. Son sujetos obligados ahora partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público”, dijo.

Morales destacó que con la reforma se podrán homologar los criterios de acceso a la información en todo el país, porque “los ciudadanos de Campeche, no pueden acceder de la misma manera que los capitalinos a la información del Distrito Federal, y viceversa”.

El nuevo IFAI

Lourdes Morales celebró el proceso por el cual se conformará el nuevo órgano garante de transparencia.

“Los senadores harán una consulta a la sociedad para la delimitación de los perfiles de los candidatos a consejeros”, dijo.

Sin embargo, destacó la importancia por saber “quiénes van a estar al frente de esta institución con tantas atribuciones”.

“Habrá el proceso en el cual se evaluará si los cuatro comisionados actuales se quedan o no, para lo cual el Senado entrará en un proceso de evaluación de las trayectorias de todos ellos. Nos parece que sería lo más lógico que justifiquen la decisión”, dijo.

Morales detalló que una vez tomada esa decisión, se deberá integrar el pleno con los actuales o nuevos consejeros, de los cuales pidió: “que tengan autonomía de sus decisiones -porque de qué sirve si quienes encabecen este órgano no pueden llegar a consensos o respondan a intereses partidistas”.

Faltan las leyes generales

Para la directora de la Red por la Rendición de Cuentas las leyes generales son la “letra chica del contrato” para saber cuáles serán los verdaderos alcances de la reforma constitucional.

Serán tres leyes reglamentarias las que los legisladores deberán discutir y aprobar para que la reforma esté completa: ley general de acceso a la información, ley general de archivos y ley general de protección de datos personales.

“Nosotros hemos platicado, en la posibilidad de que haya una propuesta por parte de los miembros de la Red… La ley idea sería que la Red caminará de la mano con la ley general de archivos, porque hemos diagnosticado que los archivos se han descuidado y son un elemento clave para el acceso a la información”, dijo.

Ventajas de la reforma

Lourdes Morales destacó que la reforma generará que el acceso a la información sea más rápido -a nivel nacional hay variaciones de 10 a 40 días; estará guiado el principio de máxima publicidad -para que la difusión de información sea proactiva sin necesidad de solicitarla; y los criterios van a ser iguales para todos los ciudadanos de todo el país.

Fuente: Milenio