Inmediatamente que la LX Legislatura del Congreso Local de Tlaxcala en enero de 2011 asumiera sus funciones, recuerdo con claridad, nos envió un oficio a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), preguntando si teníamos alguna propuesta para legislar en la materia.

Recién iniciados nosotros como nuevos Comisionados del órgano garante (función que concluimos el 1 de enero de este año), igual recuerdo con claridad, revisamos si nuestros antecesores habían realizado algo al respecto y encontramos que habían elaborado una propuesta de nueva ley de archivos. Propuse entonces que la enviáramos a los DAI, sin demora, para ver en qué actitud estaban para mejorar la legislación de los derechos que tutelábamos. Afortunadamente no pudo ser mejor que la de una alentadora apertura.

El resultado es la Ley de Archivos del estado de Tlaxcala que aprobaron en mayo de ese mismo año. Una ley que está más orientada principalmente a coadyuvar con la transparencia de las entidades públicas y en ese momento resultaba apreciable lo que sucedía. De ahí se crearon leyes exclusivas para el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) por un lado y para la Protección de los Datos Personales (PDP) por el otro. La triada con su asegunes significaba un avance importante y el trabajo de los Comisionados era incuestionable en el logro.

De aquel inicio es que personalmente me avoque al tema incorporándome a la Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información (ahora también de Gobierno Abierto) de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), fui nombrado Secretario del Consejo General de Archivos del Estado de Tlaxcala, en representación de la CAIPTLAX como lo ordena la ley; interesándome en participar en los encuentros nacionales de archivistas y estudiar el tema.

Puedo decir por lo tanto que adquirí un poco de experiencia al respecto, de hecho durante 2013 realice comentarios en la radio pública local sobre el tema y algunas de esas opiniones las publique en esta columna que nacía también por esos tiempos.

Desafortunadamente tengo que decir que de la euforia de nuestra nueva ley de archivos lentamente fuimos cayendo en el desencanto debido a que no se pudo implementar correctamente.

No lo tengo muy preciso, pero creo que una suerte similar ha tenido la Ley Federal de Archivos. De la misma manera fui testigo del entusiasmo que despertó dicha ley en la última reunión nacional a la que asistí que fue en el estado de Tabasco a mediados del 2012.

Y para argumentar un poco sobre las afirmaciones anteriores y que probablemente hasta alguien las pueda considerar temerarias, cuando lo único que pretenden es ser críticas; pondría el probable paralelismo del Consejo General de Archivos (CGA) en Tlaxcala y su par a nivel federal. En este último caso, permítanme insistir en el entusiasmo que palpe cuando se integró en la reunión que he mencionado.

Sin embargo es la experiencia local en la que puedo abundar para señalar el propósito principal de esta reflexión.

Dice la citada ley en su artículo 56 que “Se crea el Consejo General de Archivos del Estado, como un cuerpo colegiado, de manera (sic) honorífica el cual tiene por objeto apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de archivos, auxiliar a las entidades pública y sus respectivos comités en su instrumentación de archivos,…”

Objetivo con el que no se ha podido cumplir a plenitud, en principio porque dicho Consejo no tiene recursos, financieros, de equipo y personal para hacerlo. El caso emblemático es que ni siquiera ha podido publicar su Reglamento, en los términos que señala el Artículo segundo transitorio, porque no tiene el dinero para publicarlo como corresponde, en el Periódico Oficial del Estado; ya no digamos que tampoco cuenta con oficinas y personal propio. Aunque hay que reconocer que esfuerzos no han faltado, sobre todo del titular del director del Archivo General del Estado, en su calidad de Presidente del dichoso CGA, y de la propia CAIPTLAX para mantenerlo vivo.

Creo, porque no lo sé, que en otros estados hay situaciones diferentes e incluso con casos de éxito en municipios y entidades públicas como algunas universidades, pero sin temor a equivocarme tanto puedo pensar que lo que describo muy superficialmente del caso Tlaxcala, puede ser más la regla que la excepción en la generalidad del país.

Por eso me parece loable que al inicio de esta semana en la UNAM se haya convocado a un foro sobre la Ley General de Archivos que debe emitir el Congreso de la Unión ya que con ello se retoma el aspecto casi central, por ser más los archivos como una especie de insumo o soporte para posibilitarle a las personas el DAIP y la PDP; del “aterrizaje” en las entidades federativas, de la reforma constitucional que genéricamente se ha llamado de transparencia.

Estaremos atentos para ver si a mediano plazo, anomalías como la que describo que se da en Tlaxcala se puedan corregir.

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