El pasado 15 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. Para este año fiscal se realizaron 1,643 auditorías, de las cuales en 14 de ellas se presume que existen delitos que deben ser investigados por la Procuraduría General de la República, afirmó Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. El ejercicio que año con año se realiza al presentar la cuenta pública es valioso, pues ha ayudado a dar a conocer irregularidades en el ejercicio del gasto y ha contribuido a diseñar esquemas de auditoría mucho más novedosos y que buscan ir más allá de una revisión normativa, como las auditorías del desempeño o la identificación de áreas de oportunidad para homologar las revisiones en los diferentes niveles de gobierno.
Sin embargo, la revisión de la cuenta pública sigue estando rezagada. Apenas se está abriendo la información de hace dos años y el efecto que ha generado en la opinión pública, además del desánimo, es de preocupación, pues los escándalos de corrupción quedan pendientes de atención por parte de las autoridades y con muy pocas posibilidades de fincar responsabilidades. En la presentación del Informe 2015, el Auditor Superior de la Federación, dio a conocer que se detectaron irregularidades por 165 mil millones de pesos, de las cuales al menos 100 mil millones corresponden al poder ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos. Se tendrá un plazo de 30 días para solventar las irregularidades de 2015, pero mientras llega ese momento, se realizan las denuncias correspondientes y se da seguimiento a cada observación, los recursos se siguen ejerciendo y se acumulan irregularidades y casos de corrupción.
A pesar de que en los medios se presentan denuncias, las organizaciones sociales documentan casos e incluso algunos de ellos llegan a ser retomados a nivel internacional, las autoridades no han logrado contener los efectos de la corrupción, no se integran procesos de responsabilidades efectivos y que den certeza a la ciudadanía de que el trabajo de investigación y seguimiento por parte de las instituciones están dando resultados. La realidad es que las revisiones llegan tarde y todavía tienen muchos problemas para llegar al fondo de muchos de los asuntos. El ejemplo de Veracruz es una muestra, hay un reconocimiento e identificación clara de los responsables, pero no logra definir la manera en que lograrán recuperarse los recursos perdidos.
Con la llegada del Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de estos procesos de revisión y fincamiento de responsabilidades. En la ley se definieron facultades, atribuciones y directrices para consolidar el trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual será uno de los insumos principales de información para dar seguimiento a los casos de corrupción que atraiga el Comité Coordinador del SNA. La normativa no logra resolver del todo el problema del retraso en la revisión del ejercicio del gasto, aunque sí establece la capacidad de atracción de casos graves de corrupción. Con ello, se podrían ir sentando bases mucho más claras para lograr incrementar la eficiencia, la pertinencia y oportunidad en el trabajo que realiza la ASF que, sin duda, es un insumo valioso y sin el cual, no lograríamos tener conocimiento de los casos de irregularidades y corrupción que han salido a la luz. El reto sigue siendo enorme para las instituciones y nuestro deber es no bajar la guardia para que esto suceda.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC
