Durante la ceremonia de inauguración de la Séptima Semana de Transparencia, tuve oportunidad de compartir algunas reflexiones que a continuación reproduzco.
Para los miembros de la CAIP, este evento que realizamos año con año reviste una gran importancia ya que además de convertirse en un encuentro de carácter nacional para analizar y reflexionar sobre los avances y retos de la transparencia y el acceso a la información, nos ayuda a fortalecer nuestras tareas al conocer de las acciones y estrategias que se realizan en otros rincones del país y sumar voluntades para alcanzar metas comunes.
Por su trascendencia en el entramado institucional y por la incidencia directa de su gestión gubernamental en la calidad de vida de sus habitantes, la Séptima Semana de Transparencia que organiza este año la CAIP, se orienta en analizar la problemática y las perspectivas de la transparencia municipal.
Como lo ha señalado la Dra. Jacqueline Peschard, Presidenta del IFAI, todos los servicios que atañen a la población tienen que ver con el trabajo que realizan los ayuntamientos, por lo que la información debe estar cercana a la población.
De una manera muy marcada, se puede observar que la inmensa mayoría de los 2,456 municipios existentes en México, presentan severas limitaciones presupuestales en contraposición a fuertes demandas de sus respectivas comunidades por una prestación eficiente en el suministro de los servicios públicos, según sus capacidades económicas y financieras, así como sus condiciones territoriales y socioeconómicas.
Además, la gestión municipal se vuelve más compleja si atendemos el enfoque de la gobernanza multinivel que advierte el Dr. Guillermo Cejudo, en donde la acción pública se caracteriza por un carácter concurrente, es decir, que involucra 2 o más autoridades de distintos niveles de gobierno en tareas como educación, salud, infraestructura, combate a la pobreza y desigualdad, entre otros, las cuales constantemente presentan un déficit en materia de rendición de cuentas sin atender a las necesidades y aspiraciones de los gobernados.
De los 3.7 billones de pesos del presupuesto de egresos de la federación del 2012, y de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y otros convenios en la materia, casi una tercera parte de esos recursos se transfieren vía participaciones y aportaciones a Estados y Municipios a través de diversos fondos federales.
Por la cantidad de recursos involucrados y las enormes expectativas ciudadanas, se han llevado a cabo algunos estudios en materia de transparencia municipal, los cuales advierten las insuficiencias y los retos que se deben de emprender para mejorar el desempeño de esta instancia de gobierno y su relación con sus gobernados.
Así tenemos, entre otros, el estudio de Métrica de la Transparencia, que realizó el CIDE en 2010, y que asignó una calificación promedio de 0.56 –calificación reprobatoria- para la muestra nacional integrada por los 3 municipios de mayor volumen poblacional de cada entidad federativa.
Por su parte, el ranking de CIMTRA municipal, en su última estudio de 2011-2012 que analiza los portales electrónicos, estableció un promedio de 19.7% para un total de 87 municipios que evaluó.
Con 217 municipios, Puebla es la entidad federativa, después de Oaxaca, con el mayor número de municipios. Al 100% de ellos hemos logrado capacitarlos para que atiendan sus nuevas obligaciones que establece la Ley de Transparencia.
La desconfianza que la sociedad tiene en las instituciones y la pérdida de credibilidad de los organismos públicos es una realidad que debemos reconocer y aceptar.La corrupción y la impunidad también debilitan a las instancias públicas y privadas, evitan el crecimiento de la economía y deterioran la moral social de la población.
Por eso, es en el municipio, -el lugar más cercano a la vida cotidiana y de una larga tradición en nuestro país,- donde debemos impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Hoy, es la ocasión propicia para reiterar, en el marco de nuestra Séptima Semana de Transparencia, que la CAIP ha procurado cumplir con las facultades que le asignaron con la nueva Ley de Transparencia y ser un puente de interlocución entre sociedad y gobierno, para lograr que se conciba a la información como un bien público de libre acceso y de enorme utilidad que permita fundamentar las decisiones de todos los actores sociales.
Por eso es fundamental contar con todos los recursos y los apoyos gubernamentales que requiere la CAIP para el cumplimiento de sus nuevas y crecientes obligaciones legales, lo que necesariamente redituará en la construcción de una convivencia colectiva más incluyente, abierta y con las garantías propias de una vida en libertad y con justicia.