El pasado 22 y 23 de noviembre tuve la oportunidad de participar en el 5º. Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se analizaron, entre otras cosas, las propuestas de reforma que en materia de transparencia están a punto de aprobarse a nivel federal.
A través de conferencias y mesas de debate se enfatizaron temáticas tales como la importancia de la Ley Federal de Transparencia, la protección de datos, el uso de las redes sociales, la digitalización de documentos y normatividad archivística, todos ellos como elementos claves que apoyan a la democracia y la justicia en nuestro país.
En la inauguración del Seminario, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos, destacó que la transparencia y el acceso a la información habilitan la participación ciudadana en la gestión gubernamental, por ello representan la vía para equilibrar el poder.
Incluso fue más allá al señalar que la independencia judicial no debe confundirse con ausencia de rendición de cuentas, pues al ser un tribunal ciudadano, es necesario el acercamiento con la sociedad para que conozca y comprenda su labor; de esta manera, más personas pueden acceder con mejores herramientas a la justicia electoral.
En este seminario Internacional se contó con la participación de expertos en Archivos Digitales de España y Colombia, así como académicos en materia de indicadores democráticos de Brasil, Argentina y el mismo España.
En el panel “Referencias en el ámbito estatal y su percepción de la Reforma en materia de Transparencia”, comenté con los participantes, compañeros de otros organismos de transparencia en el país, la importancia que reviste la autonomía de los órganos de transparencia en el país, pero es igual de importante la autonomía de quienes integren el Pleno de cada una de las instancias responsables de garantizar el derecho de acceso a la información.
Esta autonomía debe reflejarse en la auténtica independencia del actuar de todos los integrantes del Pleno de los institutos de transparencia, para que el ejercicio de su tarea sea ajeno a los intereses con el poder.
Es importante destacar también que la transparencia y el acceso a la información pública deben traducirse en políticas públicas donde se incluya un compromiso real de todos los órdenes de gobierno, pues estos temas no son pasajeros sino que responden a una demanda y reclamo social.
Respecto a las reformas que ahora se discuten en el Poder Legislativo en materia de transparencia, reiteré algunas de las propuestas que se han comentado sobre el tema, tales como.
• Establecer un sistema único como plataforma a nivel nacional para realizar solicitudes e interponer recursos de revisión. Es decir, homologar el sistema electrónico de gestión.
• Construir una plataforma nacional de indicadores de gestión que permita medir los resultados y el impacto de las acciones de gobierno, de acuerdo a lo que establece la reforma constitucional de julio del 2007.
• La obligatoriedad del servicio profesional de carrera para la especialización del personal que labora en las instituciones.
• Un sistema nacional para presentar la información pública de oficio, la cual deba reunir las características de oportuna, útil, de calidad, accesible.
Respecto a la propuesta para que el IFAI se constituya en segunda instancia para la revisión de los recursos que los institutos estatales resuelvan, Ibarra Cadena resaltó al menos 4 aspectos positivos de la propuesta, los cuales se centran en:
1) Ganan los ciudadanos al tener mayor protección de su derecho de acceso a la información pública, a través del IFAI
2) Se distensionarían las relaciones de los órganos de transparencia con los diferentes Sujetos Obligados
3) Los órganos estatales garantes de la transparencia estarían obligados a una mayor profesionalización para que su trabajo se encuentre fuera de toda rectificación
4) Ello daría como resultado la legitimización de las resoluciones de los órganos estatales, pues si el IFAI ratifica los recursos, estaría respaldando el trabajo realizado por los institutos de transparencia en las entidades federativas.
Finalmente es importante insistir en la necesidad no solo de contar con una Ley General de Transparencia, sino que esta debe ir acompañada de una Ley General de Archivos y una más sobre Protección de Datos Personales en poder de las instancias públicas. Es decir, la reforma en materia de transparencia debe ser una reforma integral para que se fortalezca la rendición de cuentas y sobre todo el derecho de acceso a la información pública.