En un pronunciamiento firmado por alrededor de 60 organizaciones civiles y un centenar de expertos, pidieron al Congreso respetar, promover y garantizar el derecho a acceder a información de los poderes del Estado, tanto federal como estatales y municipales, los partidos políticos, los sindicatos y las  diversas organizaciones e instituciones sobre el uso que hacen de los recursos públicos derivados de los impuestos que reciben.

Pidieron que en la reforma constitucional —que se debate en la Cámara de Diputados y en la que se analiza no meter a la lista de sujetos obligados a los partidos políticos— permanezca el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones para todos los sujetos obligados bajo la jurisdicción del nuevo IFAI.

“Estamos cansados de la corrupción y del uso patrimonial de los recursos, bienes y servicios públicos”, se lee en la misiva. La actual administración federal colocó el tema de la transparencia en un espacio de alta prioridad, al anunciar que una de las tres primeras iniciativas que enviaría al Congreso de la Unión estaba encaminada a fortalecer el andamiaje legal y las estructuras administrativas responsables de procurar la transparencia y el acceso a la información pública. “Es preciso que todas las instancias del poder público y los organismos privados que reciban fondos públicos estén obligados a cumplir con la responsabilidad de transparentar la forma en que toman las decisiones.

El sistema de transparencia y acceso a la información aplicable a los partidos políticos regulado por las leyes electorales y el IFE es absolutamente ineficaz y poco confiable”, explica la carta. Comisionados, bajo la lupa Los firmantes consideraron que la actuación, el conocimiento y la experiencia de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) debe ser revisada y en su caso, llevar a cabo una nueva elección de comisionados pública, transparente y confiable. Solicitamos a la Cámara de Diputados que no tome decisiones contrarias al avance de la transparencia y al
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El Universal