El Congreso de Perú ha dado un paso atrás contra la corrupción de los funcionarios, al aprobar la modificación de la Ley sobre las Declaraciones de Bienes, pues aunque estipula el incremento en el número de funcionarios que deben declarar su patrimonio y por primera vez se impondrán castigos por violaciones relativas a la declaración, también establece que las declaraciones serán documentos confidenciales y sólo por excepciones su información se hará pública.
Con los cambios a la Ley No. 30161, el Estado se niega abrir la información al público a fin de fomentar la supervisión pública, mientras que los funcionarios consideran que la protección de la privacidad personal es una prioridad sobre la transparencia en un contexto en que la sensación de inseguridad personal es cada vez mayor.
Ante ello, Organizaciones de la Sociedad Civil en Péru, entre ellas, Proética y el Consejo de la Prensa Peruana, expresaron, mediante una carta, su preocupación al presidente peruano Ollanta Humala, en torno a la transparencia en determinados sectores del Estado, la vigencia del derecho de acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción.
Asimismo, pidieron impulsar reformas en la modificación del régimen de publicidad de las declaraciones de bienes de los altos funcionarios del Estado para que así los ciudadanos puedan conocer la información completa del patrimonio de sus gobernantes.
Al respecto, Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética, señaló que la confidencialidad de la información de la declaración de funcionarios crea excepciones constitucionales a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y con esto, el gobierno ha restablecido las condiciones de excepción y la confidencialidad en las funciones de los burócratas peruanos.