El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados hizo suya la iniciativa ciudadana de la Red para la Rendición de Cuentas y presentará este jueves el proyecto para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.
En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del sol azteca en San Lázaro, Miguel Alonso Raya y el diputado Fernando Belaunzarán presentaron la iniciativa que contiene nueve puntos para combatir la corrupción y la impunidad.
Este iniciativa buscan que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y se dictamine junto a la que presentó el PAN y el propio PRD el año pasado.
El documento plantea un “rediseño institucional en materia de rendición de cuentas”, la obligación de los funcionarios de hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos; también la extinción de dominio para quienes cometan actos de corrupción.
La creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización que estará encabezado por la Auditoría Superior de la Federación, y que se fortalezcan las facultades de los entes de fiscalización locales, con coordinación y vinculación. El Servicio Civil de Carrera Nacional para formar auditores dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se busca también que la ASF se adelante la presentación de la Cuenta Pública y que su revisión culmine en el mismo año en que se presenta y pueda ejercer sus nuevas funciones sin las limitaciones de los principios de anualidad y posterioridad.
Asimismo una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se busca que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de corrupción con mayor fuerza y contundencia y que para ello pueda expedir una Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se busca contar con un Tribunal de Cuentas de la Federación que conozca de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares y resuelva conforme a la estricta aplicación de los principios de la justicia y la legalidad que tanto necesita nuestra vida institucional.
Incluso, atenuar el “Régimen Presidencialista”. Que se le considere al Presidente de la República expresamente en su función como servidor público y, por lo tanto, “se elimine el régimen de excepción que protege a la persona y no a su función; en consecuencia, pueda ser acusado por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, conflicto de interés, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común”.
Fuente: El Universal
