La nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, recién aprobada por el Congreso Local y promulgada este martes por el gobernador, Rubén Moreira Valdez, permitirá combatir actos de corrupción en el gobierno porque obliga a difundir las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los 38 municipios de Coahuila y si tienen propiedades o dinero en México o en el extranjero.
También manda a rendir cuentas a sindicatos y universidades que reciben recursos del erario, así como a los gobiernos estatal y de los ayuntamientos a dar a conocer montos de los contratos y convenios de publicidad con medios de comunicación y regula Casas de Empeño.
Pide cuentas a notarios públicos, a personas físicas y organismos no gubernamentales (ONG’S) que reciben recursos públicos, a informar de las pensiones de los burócratas, de la deuda pública del estado y los bancos a los que se les debe.
Dispone además una serie de medidas para garantizar la transparencia y evitar la opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de los recursos que, vía pago de impuestos, aportan los contribuyentes.
El nuevo marco legal de transparencia que se publicará en el Periódico Oficial del Estado, ordena a los funcionarios reportar los bienes que poseen, ranchos, casas, vehículos, negocios, cuentas bancarias de ellos, esposa o esposo e hijos, en el estado, en México y en otros países, a fin de detectar casos de enriquecimiento ilícito.
La disposición incluye al gobernador en turno y todos sus colaboradores directos, mandos medios y demás funcionarios de la administración pública…
Nota completa en: El Universal
