El 21 y 22 de noviembre próximos, en las instalaciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), se desarrollarán diversas mesas de análisis sobre la primera propuesta del llamado Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) a implementarse de 2018 a 2021, elaborado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por un equipo coordinado por Issa Luna Pla.
Respecto al tema, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales (SNT), encabezado por el inai, ha creado un sitio de internet, para entre otras cosas, informar y posibilitar opiniones de quien lo desee.
Por lo que queremos aquí dar una visión muy general, pero crítica o sea libre, sobre esto que ordena la Ley General en la materia se haga. Pero antes es necesario señalar que nosotros consideramos que el SNT, como sustituto de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) tiene una enorme tendencia a centralizar la política pública de transparencia en detrimento del federalismo. Cosa que no discutimos aquí hoy, pero que el propio PROTAI, pese a ser un profesional y loable esfuerzo de planeación, evidencia desde nuestro punto de vista.
Para lo que sencillamente podemos partir del primero de los objetivos específicos que se señala en el documento de 107 páginas. Que dice: “Reducir brechas entre los integrantes del SNT en cuanto a sus capacidades institucionales, recursos financieros, profesionalización, autosuficiencia e independencia de toma de decisiones para lograr el objetivo general…”
Así es que considerando un diagnóstico previo se acepta que existe una brecha en el desarrollo institucional, centralmente entre los órganos garantes de las diferentes entidades federativas; y que se manifiesta vitalmente, en la independencia o no, respecto principalmente a los gobiernos, en la “toma de decisiones” de su órgano central colegiado deliberativo.
Así el documento se organiza en siete apartados, y precisamente en el último denominado “Perspectivas del PROTAI” se esquematiza una visión a manera de escenarios del futuro en cuatro etapas que concluirían en 2035. Lo que parece correcto si leemos que se espera que para 2027-2035 (o sea cuando los niños y jóvenes de ahora estarían entre los 40 y los 50 años de edad), “… los servidores públicos tienen una sólida cultura de la transparencia…” Y la “población confía y usa la información activamente…”
Pero para ello crucial resultará lo que se defina, haga y ocurra entre 2017 y 2019 (es decir en la coyuntura de transición de un gobierno federal a otro). Particularmente, dice el cuadro esquemático mencionado, respecto a las “estrategias de difusión, (y) promoción” del DAIP (y la protección de datos personales), suponemos.
Sin embargo otros pensamos que se debe ser más radical, es decir, pensar en estrategias también de socialización de ambos derechos humanos fundamentales. Y cuando decimos socializar, nos referimos a lo que desde la sociología entenderíamos como hacerlos parte de la vida cotidiana de los grupos sociales primarios y secundarios, como la familia, la escuela y el trabajo. Concretamente instrumentar pedagogías de ejercicio de estos derechos por todas las personas, es decir de los niños hasta los ancianos a partir de identificar su utilidad; como lo viene planteando desde hace varios años Samuel Bonilla en su experiencia con “Transparencia para Todos”.
Estrategias de acción que tendrían que desarrollar tanto los Sujetos Obligados como los órganos garantes. La cuales, conforme a lo señalado en el apartado 2, “Diagnóstico en temas prioritarios”, considero serían claves: 1) el tema de los archivos y la gestión documental por ser un rezago importante en el manejo de la información que hace que cada fin de administraciones municipales, por ejemplo, se pierda la memoria escrita en el fuego de la inconciencia de gobernantes que no quieren dejar huella de sus fechorías; 2) el de una autentica rendición de cuentas que no permita más que los “informes” de los gobernantes sean un monólogo y ominoso culto a la personalidad y dé paso a la posibilidad que la gente, principalmente los ciudadanos con su voto, puedan castigar o premiar a los funcionarios públicos; y 3) que efectivamente los esfuerzos que se han hecho por posicionar el tema del gobierno abierto, trascienda el discurso de los políticos de profesión, y posibilite una verdadera participación de los gobernados a partir del principio de la máxima publicidad de lo público.
Repito, es esto sólo una visión general del PROTAI, ya particularizaremos en temas de particular interés para contribuir al necesario debate de tan importante política pública.
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