Una de las primeras acciones comprometidas por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto al haber ganado la Presidencia de la República, fue la creación de un órgano autónomo y ciudadano que supervisara los contratos en medios de comunicación con la publicidad oficial. La promesa respondía a los cuestionamientos que tuvo Peña Nieto a lo largo de su campaña, por haber iniciado la promoción de su imagen en medios nacionales desde la gubernatura en el Estado de México y por el supuesto sesgo a su favor que tuvieron varios medios de comunicación. Ni los monitoreos del IFE ni la supuesta evidencia llevada ante el TEPJF pudieron probar nada en contra, pero lo que sí se puso sobre la mesa y sigue desde entonces en el debate público, es la práctica de otorgar publicidad gubernamental de manera discrecional a los medios de comunicación. La recién aprobada reforma electoral establece que será antes del próximo 30 de abril cuando se publique una ley que regule esta materia.
El monto destinado a este fin no es menor, se calcula que anualmente se destinan 12 mil millones de pesos provenientes del erario público. Sin embargo, los montos precisos por rubro y entidad son difíciles de seguir según el “Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas” realizado por las organizaciones Artículo 19 y Fundar. (http://publicidadoficial.com.mx/pdf/Informe_PublicidadOficial2013.pdf)
El gasto en publicidad oficial responde no a las necesidades de información de una población específica sino a intereses y agendas partidistas y personales que permiten abusos como el del Gobernador de Puebla, quien se calcula gastó 56 millones de pesos en su primer informe de gobierno o el del Gobernador de Chiapas cuya imagen acosó al país con un gasto de al menos 130 millones de pesos. El estudio de estas organizaciones, construido principalmente mediante solicitudes de información, cumple ahora con su tercera edición, mostrando que además del aumento en el gasto existe una completa opacidad sobre el ejercicio de estos recursos ya que no existe uniformidad en los criterios para su planificación, asignación, control y transparencia.
Estos hallazgos se ilustran en el reporte “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta” realizado por la Asociación Mundial de periódicos y editores de noticias (WAN-INFRA) y Fundar. http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/SCMexESP.pdf
En este reporte se documentan casos que ilustran el impacto que el abuso de la publicidad oficial ha generado tanto en la producción de información como en el comportamiento de los medios de comunicación. El panorama muestra un esquema de muchos medios en pocas manos alentados por relaciones de corrupción y complicidad que limitan el ejercicio de un periodismo basado en la ética, la plena libertad de expresión y la autonomía.
Del 2002 a la fecha se han presentado 12 proyectos de ley, unos más osados que otros, que podrían modificar este paisaje de complicidades. Muchos de ellos retoman los principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, la falta de voluntad política ha evitado que alguno de éstos se apruebe. El tiempo se agota y ya existe un mandato escrito. Sin duda, es tiempo de cumplir con la palabra empeñada.
