En enero de 2012, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle evidenció de manera burda que los informes de gobierno son sólo un pretexto para la autopromoción a costa del erario y no, como debieran ser, un ejercicio de rendición de cuentas. Tras el pago de más de 14 millones de pesos, Moreno Valle contrató la transmisión de 266 cineminutos, es decir, 54 horas y 43 minutos, de cápsulas promocionales sobre su primer informe de gobierno. Estas cápsulas fueron transmitidas en 164 complejos cinematográficos de varias entidades del país salvo en el único en donde hubiera sido de algún interés: Puebla. Aunque la investigación de las autoridades electorales probaría la violación a la ley por la promoción personalizada del Gobernador, la falta de sanción hizo que la misma fórmula se repitiera en 2014. Tras una denuncia del PRI, el INE comprobó la transmisión de 2 mil 758 spots de radio y televisión en 25 estados del país además de 5 mil 341 transmitidos en Puebla. En ambas ocasiones la sanción final, que actualmente depende de los congresos locales, no llegó a más que a una amonestación privada, es decir, un jalón de orejas.
Desafortunadamente, este caso no es el único. En 2013 los gobiernos de 27 entidades federativas gastaron alrededor de 5 mil 639 millones de pesos en promover acciones de gobierno, programas y campañas de comunicación cuya razón, destino e impacto fue imposible conocer. El Informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a Información y censura indirecta en publicidad oficial” presentado la semana pasada por Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación documenta el abuso que se hace en el uso de la publicidad oficial en todo el país. En la cuarta edición de la medición de este gasto, las organizaciones combinaron la selección de indicadores con los estudios de caso municipales lo cual permite tener una visión más completa del problema. El informe relata pequeñas mejoras en la accesibilidad de la información presupuestaria pero enormes obstáculos y pendientes en materia de vigilancia social de este gasto.
El monitoreo hecho a base de solicitudes de acceso a la información permite hacer comparaciones entre entidades así como detectar problemáticas concretas y oportunidades de mejora. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos reportan de manera pública sus gastos en publicidad oficial y algunos hasta detallan el destino de estos recursos, algo que era impensable hace un par de años. Sin embargo, prevalecen resistencias a la apertura e inercias “oscurantistas” principalmente en Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Sobresale que las oficinas de comunicación social de los gobiernos de las entidades actúan a la vez como agencias promotoras de imagen y como censoras de información ya que el destino de los recursos se hace de manera selectiva en base a la afinidad política del medio. De esta manera, la mayoría del gasto en publicidad oficial no obedece a una planeación, ni cuenta con mecanismos de control por lo que los sobre-ejercicios son una constante (más de la mitad de las entidades gastan hasta siete veces lo presupuestado). Asimismo, no existen indicadores ni metodologías claras que permitan evaluar el impacto de las campañas y acciones de comunicación.
El diseño de mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas del gasto en publicidad oficial sigue siendo una promesa incumplida del Presidente Enrique Peña Nieto y un pendiente en todo el país. Este reporte confirma que mientras no exista la voluntad política por parte de todos los partidos y mientras no se sumen esfuerzos provenientes de los propietarios de los medios de comunicación, de instituciones electorales, de entidades de fiscalización y de la sociedad en general, continuaremos siendo acechados por los mensajes huecos de quienes tienen aspiraciones presidenciales.
