La semana pasada, la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) realizó la designación de las y los cuatro integrantes faltantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) nacional, pues desde febrero de este año contaba con uno solo. En medio de un proceso sumamente accidentado, la CS acordó que Francisco Ciscomani Frener, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo y Vania Pérez Morales¹ asuman una responsabilidad esencial para avanzar en una agenda nacional en materia anticorrupción desde una perspectiva ciudadana.

Entre las prácticas que ilustran la lejanía de este proceso de designación con estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas están: la resistencia –o tal vez desdén– de la Comisión de Selección para establecer mecanismos de participación ciudadana y espacios de escucha efectiva que nutrieran su labor y permitieran un intercambio y un diálogo constructivo con personas y organizaciones de la sociedad civil.²

La poca información sobre las sesiones de trabajo celebradas por la Comisión de Selección, pues solo la sesión de su instalación el 28 de abril, en la que se anunció la convocatoria el 5 de agosto y las dos donde se tomaría su decisión final (24 y 28 de septiembre), fueron públicas, conociéndose poco del resto y, por lo tanto, de qué decisiones se fueron tomando y bajo qué bases.

Fuente: Animal Político