Mientras el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha hecho un llamado al Gobierno Federal para que no dé la espalda a los gobiernos estatales y municipales, ante la propuesta para el ejercicio fiscal 2021, advierte, pone en riesgo la gobernabilidad con la eliminación de apoyos y fondos. Y el diputado Octavio Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, informa que los Municipios han cumplido con la entrega de las Leyes de Ingresos, destacando “la importancia de impulsar leyes de ingresos acordes a las necesidades de la ciudadanía” (Municipios cumplen con la entrega de Leyes de Ingresos: Octavio Ocampo, MiMorelia.com, 21/09/2020).
Cabe señalar que ambas notas se produjeron el mismo día y ambos declarantes pertenecen al mismo partido político y misma entidad; uno representa al Poder Ejecutivo y el otro al Poder Legislativo, y sin embargo, existe una grave contradicción que más allá de la falta de comunicación entre ambos actores políticos, evidencia la urgente necesidad de repensar la administración pública.
Dado que no es una situación que solamente ocurra en Michoacán. Para esta fecha en los estados de la república, los municipios habrán “cumplido” con la entrega de las Leyes de Ingresos Municipales. Y la pregunta obligada, ¿Habrán considerado que la crisis sanitaria y económica disminuirá la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en sus municipios, así como la reducción en las participaciones y la eliminación de apoyos y fondos?
Es sabido que generalmente las Leyes de Ingresos Municipales y otros instrumentos programáticos y presupuestales se elaboran con base al año anterior, sin embargo, ésta referencia ha quedado en la inutilidad ante el nuevo escenario que la Administración Pública enfrenta.
Por ello, ¡Esto tiene que parar!
Pero los llamados políticos para reconfigurar un nuevo pacto fiscal han carecido del Presidente que escuche. También las cartas de la sociedad civil dirigidas al Presidente se niegan y se reprochan. En tanto los congresos están inmersos ya en la contienda electoral, inédita, en tiempos de pandemia, crisis e incertidumbre. Por esto adquiere importancia la declaración del Gobernador de Michoacán y la del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
El primero, declara “la propuesta del gobierno federal, ignora que los estados y municipios están en medio de una crisis sanitaria y en un contexto económico nacional adverso” (Con recorte, Gobierno castiga severamente a estados y municipios: Aureoles, www.eluniversal.com.mx, 21/09/2020). Y manifiesta, Michoacán está en riesgo de gobernabilidad.
Y ciertamente, Michoacán vuelve a enfrentarse a bloqueos carreteros y en las vías del tren por demandas de normalistas y del cnte. Además de otras manifestaciones urbanas y rurales. Antes, al parecer todas se resolvían con dinero. Pero ahora con la austeridad republicana, no hay los recursos públicos suficientes para resolver las demandas populares y las sociales, de salud, educación y seguridad. En consecuencia la advertencia es válida, está en riesgo la gobernabilidad. Aunque habría que examinar si las protestas obedecen a la casualidad o forman parte de una estrategia política, más éste no es el objetivo a dilucidar sino el reconocimiento de un gobernador que el gobierno federal es ignorante de una situación de la realidad pública estatal y municipal.
La acusación es evidentemente un acto político que denota el desencuentro y la polarización que se vive en el país. Aunque también evidencia que la pauta desde el gobierno federal es no seguir haciendo caso de los otros, de los que critican y piensan diferente al gobierno. No, no va a parar el afán centralista y el retroceso en el avance democrático. Luego, ¿qué hacer?
Sí aun a 10 gobernadores que integran una Alianza, ni a 600 personas de la comunidad artística, cultural y científica que exigen al Presidente López Obrador a respetar la libertad de expresión, les ha hecho caso o los ha tomado en cuenta, al contrario, se reafirma que se encuentran desterrados del Palacio Nacional y además enfrentan el escarnio de haberse atrevido a incomodar al Presidente, en tanto las mañaneras le sirven para acusar, denostar y humillar a quienes se le ocurren.
Entonces, si la posible modificación del pacto fiscal es inviable en tanto López Obrado siga en el poder; sí el congreso de la unión y los congresos estatales están más ocupados en sus luchas partidarias; sí se ha relegado a la academia, al arte, la ciencia y cultura del apoyo y comunicación con el gobierno federal, estamos ante la inminente dictadura del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo que, los congresos están perdidos para iniciar la reconstrucción de México, Tampoco los partidos políticos plantean posibles soluciones a las crisis. Y en este escenario que alienta la conformidad a la 4T, los opositores también perdidos, como el diputado Octavio Ocampo, que se complace por la entrega de las Leyes de Ingresos Municipales en tiempo y forma, cuando estas Leyes de Ingresos entregadas no servirán para nada. Como tampoco los Presupuestos y otros tantos Programas, e incluso, las Cuentas Públicas, que no servirán a los Municipios para la toma de decisiones, tampoco a las organizaciones sociales ni a la ciudadanía para efectos de información sobre el manejo de los recursos públicos, y los congresos tendrán mayores dificultades para analizar y fiscalizar Cuentas Públicas que resultan incomprensibles aun para los asesores y especialistas en los congresos.
Sí ya había serias deficiencias en la presentación de las Cuentas Públicas Municipales, Estatales y Federales, ahora con la interrupción de la actividad laboral pública, aunado a los problemas sanitarios y económicos, los Municipios en la república se encuentran en la disyuntiva, de seguir como antes, aceptando leyes y normatividades que en lugar de apoyarlos y favorecerlos, los debilitan al conducirlos al carrusel de observaciones, incumplimientos y sanciones, en donde todos los servidores públicos son sospechosos de culpabilidad.
Atrás quedó la presunción de inocencia, el debido proceso, ahora desde el púlpito de las mañaneras se acusa y juzga, pero también se exonera. Desde ahí empieza el Ministerio Público, dictando línea a los jueces, pero también al Legislativo.
Sí, hoy como nunca debemos gritar ¡esto tiene que parar!
Aun con un Presidente que lo repruebe. O, ante legisladores que no advierten que la actividad parlamentaria y la política están a punto de naufragar. O, ante Entidades de Fiscalización Superior que ignoran leyes y normatividades que originan más daño que fortaleza a entes estatales y municipales.
Por lo tanto, la solución inmediata y viable para todos los Municipios en el país es formar una Alianza Municipal cuyos objetivos pudieran ser:
- Repensar la Administración Pública.
- Repensar las leyes y normatividades que rigen su actividad pública.
- Rediseñar el Sistema de Rendición de Cuentas y de Fiscalización.
El poder para transformar las condiciones de la gestión pública no se encuentra en los gobiernos, partidos políticos, y congresos, sino viene de fuera, es decir, de los ciudadanos. Y el punto de partida es repensar la Administración Pública.
Mario Alberto Gómez Maldonado.
