Por: María Marván Laborde
Las leyes secundarias de transparencia están en proceso de deliberación, aún cuando no se tiene planeado discutirlas en periodo extraordinario, se están preparando para aprobarse en el próximo período legislativo que comienza el primero de septiembre. Habrá que redactar una Ley General y una Federal, además normar la gestión documental y modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La reforma constitucional le dio al nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, (Ifai) nuevas atribuciones, nuevos sujetos regulados. Los ciudadanos podrán apelar decisiones de todos ellos. El Pleno podrá atraer casos emblemáticos que estén radicados en el espacio de lo local, como por ejemplo, los documentos relacionados con el fracaso de la línea 12 del Metro. Deja pendiente que hacer con la función de proteger los datos personales en manos de privados.
El Ifai será la única autoridad en materia de información pública de todos los poderes. Además de regular a la Administración Pública Federal, cuando se expida la nueva ley regulará al Poder Legislativo, al Poder Judicial con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los organismos constitucionales autónomos, así como a sindicatos y partidos. Con esta reforma, el sistema mexicano de transparencia se convierte en único en el mundo.
La tarea más sencilla será establecer normas que garanticen la publicidad de la información administrativa de todos y cada uno de los sujetos obligados. En materia de sueldos y salarios, adquisiciones, ejercicio del gasto público, debe funcionar la concepción general de la publicidad y las particularidades son pocas y fáciles de atender. Hoy día, al menos en la administración pública, ya no hay discusión sobre si la factura de una comida o los viáticos gastados deben entregarse o no al público. Magistrados, diputados, senadores consejeros y los propios comisionados deberán ceñirse a este estándar.
Será mucho más complejo determinar qué clasificación corresponde a la información sustantiva de cada uno de los nuevos sujetos obligados. La ley deberá tener un título diferente para cada uno de los poderes, y otro los constitucionales autónomos. Por ejemplo, al desarrollar la normatividad del poder judicial será necesario establecer la diferencia entre los expedientes que los jueces llevan en los juzgados de aquellos expedientes disciplinarios que el Consejo de la Judicatura abre para investigar la posible corrupción de un juez. Otro ejemplo: en relación con el Poder Legislativo habrá que especificar claramente la publicidad de los ingresos y gastos de las fracciones parlamentarias así como de las comisiones. ¿Cuáles son responsabilidades de los partidos y cuáles de los diversos órganos de gobierno?
Cada uno de los organismos Constitucionales autónomos es diferente y concebir sus diferencias puede ayudarnos a que la ley verdaderamente funcione. No podremos tratar igual la información que Telmex o Televisa entregue al IFT, de aquella de un caso de abuso de derechos humanos procesada ante la CNDH. El Instituto Nacional Electoral dejará de ser autoridad para los partidos y éstos estarán obligados a crear unidades de enlace que gestionen la información hacia adentro de los partidos.
Uno de los retos más importantes es la transparencia sindical, misma que debe entenderse en dos niveles distintos, obligaciones de la dirigencia frente a sus agremiados y obligaciones del sindicato frente a la población en general. ¿Tendrán las mismas obligaciones el SNTE que el sindicato de una empresa privada? Pregunto esto solo para ilustrar las dificultades que hay que pensar y resolver con buena técnica legislativa y verdadera vocación política de rendición de cuentas.
Habrá que hacer diferencias desde las obligaciones de transparencia. La información para ser transparente, además de estar disponible, tiene que estar ordenada y ser clara. Una mala práctica que se repitió en los estados de la República fue incrementar las obligaciones de transparencia hasta el absurdo; con esta práctica las dependencias estatales no cumplen a cabalidad, los institutos locales no vigilan y por tanto no exigen el cumplimiento de la norma y lo que es peor, los ciudadanos no encuentran la información. Políticos y burócratas aprendieron muy rápido que la mejor manera de esconder información importante, es precisamente, enterrarla entre información irrelevante.
Otras dos cuestiones fundamentales que debe resolver la nueva ley. Primero, qué acciones, discusiones y reuniones tiene que documentar cada institución y quién dentro de ella es el funcionario que debe producir, ordenar y custodiar esos documentos, qué debe guardarse en papel, por cuánto tiempo, qué debe guardarse en electrónico y, ante la ausencia de una información que debió generarse, qué tipo de responsabilidades deberá enfrentar el funcionario que esté en falta. La concordancia con la ley de archivos es indispensable, tenemos que pensar en la gestión de la información desde una perspectiva moderna, propia de la era cibernética.
Segundo, creo que es importante establecer una tipología tanto de la información reservada como de la información confidencial. Reconozco que es anticlimático hablar de “grados de secreto” en una ley de transparencia, sin embargo hay que reconocer que siempre un Estado tendrá información reservada temporalmente, también es importante entender que no toda la información confidencial que se tiene es
igualmente delicada, De aquí se desprende la necesidad de normas específicas que respondan al tipo de secreto del que se trata. Es naif pensar que nada, absolutamente nada, debe ser reservado. Es indispensable reconocer que hay información confidencial más delicada que otra. Sirva a manera de ejemplo, los expedientes de delincuentes menores de edad deben tener un tratamiento absolutamente distinto de los de delincuentes mayores de edad. Los primeros son confidenciales toda la vida y los segundos admiten versión pública.
Mientras mejor hecha quede la ley de transparencia, mejor funcionará el acceso a la información en el país. La reforma constitucional nos ha abierto la posibilidad de estar a la vanguardia, es indispensable el trabajo serio y responsable de los legisladores para que este esfuerzo, producto de una demanda social, llegue a buen puerto y no naufrague al estamparse con el iceberg de la burocracia.
Fuente: Etcétera
