Se ha creído que a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se les otorgaron nuevos instrumentos para hacerlas más potentes en el marco de las reformas que acompañaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Por ello se afirma “Las circunstancias exigen que la ASF realice tiros de precisión que defina criterios de fiscalización sustentados en muestreos representativos –tanto para la determinación de auditorías como para la revisión de información en la ejecución de auditorías y el seguimiento de acciones” (La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías, Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y México Evalúa, 28/10/2020, p.6). Sin embargo, el instrumento fundamental de la fiscalización, es decir, la auditoría no tuvo ninguna reforma. Pasó de largo sin análisis ni reflexión. Y en consecuencia los tiros no dan en el blanco. Porque el SNA no les otorgó claridad a las EFS, al contrario, se encuentran abrumadas y confusas.

Más por encuentros de instituciones y organizaciones sociales que no logran reorientar ni rescatar a la auditoría y fiscalización, así como a las Entidades de Fiscalización Superior de su naufragio. Por ejemplo: Nelson Shark, Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de EFS (OLACEFS) “aseveró que el mejor aliado del control gubernamental es la contraloría social, por lo que no solo es necesario reconocer el derecho de los ciudadanos de participar en la fiscalización pública, sino establecer mecanismos institucionalizados de participación ciudadana”; Marcos Mendiburu, asociado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que hay que replantear la manera en que las entidades de fiscalizadoras reportan los resultados de las auditorías y su efectividad”; y, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afirmó “El acceso a la información en materia de fiscalización es indispensable para activar ejercicios ciudadanos de participación, rendición de cuentas y contraloría social que contribuyan a exhibir y combatir la corrupción” (Declaraciones dentro del 9o. Seminario Internacional Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina, en la nota Información en materia de fiscalización, clave para activar controles sociales contra la corrupción, RRC, 8/12/2020). Dado que:

• La fiscalización pública está determinada por la auditoría privada, y ésta privilegia la secrecía y confidencialidad. Por lo tanto aunque la información sea del interés público continúa bajo el dominio del interés privado.

• Sí, efectivamente se debe replantear los resultados de las auditorías, pero antes debe replantearse la totalidad de su proceso (decía Hegel que la verdad no se encuentra en los resultados sino en su inicio, desarrollo y resultados).

• Y sí, los ciudadanos deben participar en la fiscalización pública cuando ésta defina su objeto, método, formas de conocer, y que la fiscalización sea verdaderamente pública.

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Rosa María Cruz Lesbros, aseveró acertadamente que no están las personas idóneas en dichos Sistemas. Aunque habría que agregar que en el diseño del SNA tampoco lo estuvieron. Por esto, el ex Auditor Superior, Juan Manuel Portal, afirmó en abril del 2015 que el SNA funcionaría en dos años (nota publicada en La Voz de Michoacán, 23/04/2015, p.4 B, originada del diario El Universal).

Y a la distancia estamos más de acuerdo con Pedro Carta Terrón que ha señalado “Es conocido, y evidente que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) va lento, no logra hacerse notar, no hace sentir su interferencia en las grandes políticas públicas nacionales o estatales, ni está consiguiendo los efectos de control anticorrupción se esperan de él” (La Red de Participación Ciudadana del CPC, RRC, 8/12/2020). Que en la afirmación que el diagnóstico del SNA “sigue respondiendo”. O que “El combate a la corrupción no es una lucha perdida”.

Pero no es que la lucha esté perdida, simplemente no ha habido ninguna lucha. Al respecto, “cuatro de los cinco comisionados del Comité de Participación Ciudadana del SNA, decidieron hablar, y lo hicieron con el New York Times que publicó un artículo de primera plana el pasado 2 de diciembre, denunciaron haber sido bloqueados de cualquier discusión en materia corrupción por el gobierno. Creyeron que habría una lucha” (Es la corrupción, estúpidos, Ana Paula Ordorica, www.eluniversal.com.mx, 6/12/2017). Y actualmente todavía no parece que haya comenzado, aunque la retórica es presente y permanente: combatir y luchar contra la corrupción. El objetivo de todo combate o lucha es ganar. Más, Sun Tzu en el Arte de la Guerra afirmó “la mejor victoria es vencer sin combatir” y añadió, es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Por lo que, ¿en dónde nos encontramos?

Y en este desconcierto y ante un próximo año 2021 con reducciones presupuestales significativas en las entidades federativas y municipios, las EFS se encuentran en la encrucijada de no saber cuál es el camino, aunque algunas, tal vez, prefieran ignorarlo, so pena que su fiscalización permanezca en la inutilidad social o asuman que solamente un movimiento refundacional de la auditoría y fiscalización podrá avizorar un nuevo horizonte.

Mario Alberto Gómez Maldonado