El jueves pasado, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó  sin el menor comentario, el dictamen de reforma en el sector  telecomunicaciones que presentó el presidente Enrique Peña Nieto a inicios de la semana y que coronó políticamente sus primeros 100 días de gobierno.

Los mayores consensos respecto a la trascendencia de los cambios propuestos se refieren a los límites para la concentración de medios, la necesidad de mayor competencia, la mejora de recursos humanos, el aumento en el acceso a medios, la reducción de la brecha digital y otras que atienden las exigencias que diversos grupos han formulado desde hace décadas. A pesar de los avances, especialistas han alertado sobre algunos aspectos que requieren mayor especificidad y cuidado como: la dinámica de integración del llamado IFETEL (órgano regulador del sector), la forma de licitación de las concesiones (con la capacidad de opinión “no vinculante” del Ejecutivo) o la poco clara fórmula de medición de la dominancia en cada sector, la iniciativa ha sido calificada como histórica.

Esta discusión que abona a los cambios pendientes para la  consolidación democrática del país, vino desafortunadamente a relegar el avance de la reforma constitucional en material de transparencia que tantos avances había logrado en el Senado.

Entre la euforia mediática sobre la apertura en telecomunicaciones los legisladores simplemente argumentaron que los cambios al artículo 6º en materia de transparencia serían pospuestos ante la urgencia de los cambios en telecomunicaciones. Esta decisión surge cuando al interior de la Comisión de Asuntos Constitucionales aún no ha logrado un consenso sobre la forma de nombramiento de los Comisionados del IFAI ni tampoco ha decidido si se añadirá o no un artículo transitorio para remover a los que ejercen actualmente estas funciones. Durante el 4º foro de reforma constitucional en materia de transparencia realizado en la sede misma de la Cámara de diputados, especialistas alertaron sobre la necesidad de no relegar la reforma que aumenta el número de sujetos obligados y fortalece al órgano de transparencia. En ese foro se recordó que toca a los diputados responsabilizarse y contribuir con los avances en la materia ya que es el Congreso uno de los entes más opacos en el ejercicio de recursos. Solo como recordatorio, en el último informe del resultado de la fiscalización superior del a cuenta pública 2011, la Cámara de diputados erogó 5,335.3 millones de pesos de los cuales prevalece total opacidad en lo correspondiente a la partida destinada las “Asignaciones a los grupos parlamentarios”. En el foro, también se señaló que el fortalecimiento de los órganos garantes de acceso a la información, es una pieza clave para el diseño de una política de rendición de cuentas. Al respecto y en el tenor de las reformas pendientes, esta semana la RRC presentará el segundo número de los Cuadernos de la Red dedicado a la relevancia de los órganos garantes en materia de acceso a la información.