Como si fuera algo inherente al quehacer político, la cultura del secreto ha logrado cultivarse y sobrevivir a los cambios normativos, institucionales y políticos de los últimos años en varios países de América Latina. Desde finales de 1990 a la fecha, al menos 14 países de la región, aumentaron su pluralidad política, reforzaron los mecanismos de protección de los derechos humanos, incrementaron el ejercicio de la libertad de prensa y adoptaron leyes de acceso a la información pública. La inclusión, por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de estándares sobre el derecho de acceso a la información fue el antecedente para determinar las obligaciones de un Estado democrático en materia de transparencia. Posteriormente, se tomaron resoluciones y se formuló una Ley Modelo de Acceso a la Información Pública que representa el piso mínimo que un país debiera adoptar para dotar a los ciudadanos de herramientas para estar informados y poder exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.

Estos cambios regionales se dieron en un proceso de democratización y de mayor participación ciudadana, sin embargo, al día de hoy observamos que en la mayoría de los casos, no se ha logrado un cambio profundo en las prácticas, comportamientos y valores de la clase política que desde la izquierda boliviana o brasileña hasta la derecha convencional de Colombia o México, han visto gestiones salpicadas de impunidad y múltiples escándalos de corrupción.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se deben enfrentar para el cambio de cultura política? El estudio llamado “Venciendo la cultura del secreto”, realizado en el periodo 2009-2010 por siete organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México y desarrollado por un equipo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo), señala que en diversos niveles, los obstáculos que enfrentan estos países con legislaciones específicas en materia de acceso a la información, son tanto institucionales como culturales y de participación. A nivel institucional, la falta de mecanismos que garantizan dar seguimiento a las solicitudes de información de un ciudadano, (a la excepción de México y Chile(, es una de las causas que favorecen el que los funcionarios oculten datos o le “den la vuelta” a la legislación. Otro motivo detectado y utilizado en México, Chile y Uruguay es el argumento de la “seguridad” en donde cierta información es considerada, a criterio de los funcionarios en turno, como supuestamente riesgosa para la seguridad nacional. Esto sin mencionar los casos en que el funcionario niega información pública argumentando que se pone en riesgo su seguridad personal, lo cual pone en evidencia no solo la falta de voluntad democrática, sino la existencia de gobiernos ineficientes en los que no confían ni sus protagonistas puesto que no garantizan la seguridad de los ciudadanos. De igual forma, los mecanismos tanto judiciales como administrativos destinados a evitar el incumplimiento de la ley son todavía débiles.

En el caso mexicano, la existencia de órganos garantes de acceso a la información constituye un avance frente a los otros países estudiados. Sin embargo, a nivel cultural, los vicios son similares. El grado de autonomía política de los órganos garantes del derecho de acceso a la información es totalmente desigual y asimétrico sobretodo si se compara el nivel federal con el estatal. Destacan las entidades en donde a cada cambio de Gobernador le corresponden ajustes “a modo” de las normas o de los integrantes del órgano garante lo cual termina siendo solo un gasto burocrático más, sin beneficio real para la ciudadanía. Asimismo, según datos recopilados por Fundar, Centro de Análisis e Investigación a nivel federal existen casos, ciertamente no mayoritarios, en los que se ha utilizado la vía del amparo (hay cerca de 250 casos) para impugnar resoluciones del IFAI. La mayoría de éstos han sido promovidos por servidores públicos que buscan protección jurídica para no dar información a los ciudadanos. Esto nos obliga a señalar los obstáculos a vencer en materia de participación. El diagnóstico nos habla de la existencia en América Latina de sociedades desiguales en donde la información es solicitada, exigida y utilizada principalmente por una élite educada y con acceso a la tecnología. Existen esfuerzos puntuales de capacitación, monitoreo y propuestas de ley por parte de organizaciones sociales y algunos intentos -con reducidos presupuestos- por parte de instituciones para estimular la participación ciudadana. Sin embargo, la poca importancia que se le ha dado a la participación ciudadana en los diseños institucionales han hecho que estos esfuerzos sean marginales. No se ha logrado aún encender la chispa de la indignación por la injusticia y la impunidad la cual, sin duda, sometería a los funcionarios públicos, por la vía de la presión política y y no solo por la vía de las sanciones, a romper con la cultura del secreto. Este es sin duda, uno de los retos principales por atender y más en un contexto común a la región latinoamericana, en el que todos los días surge un nuevo motivo para estar indignado.

louloumorales@gmail.com
Twitter: louloumorales