Por la falta de una firma hace casi ocho años, Querétaro se quedó sin Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, por lo que no puede sancionar a funcionarios que incurran en ilegalidades.

Dicha ley fue invalidada por un juez federal el mes pasado, al resolver un juicio de amparo interpuesto precisamente por un ex funcionario que era investigado y cuyo nombre se desconoce.

El juez argumentó que al promulgarse la ley en junio de 2009 sólo fue firmada por el Gobernador Francisco Garrido Patrón y su Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes.

Sin embargo, las normas del Estado en ese año establecían que para que entrara en vigor, la ley también debía ser suscrita por el Secretario del ramo relacionado.

En este caso, la firma que hizo falta fue la del entonces Contralor Ricardo del Río Trejo, por lo que desde su origen la ley ha carecido de vigencia.

El jueves pasado, el actual Gobernador, Francisco Domínguez Servién, admitió que actualmente lo único que pueden hacer al detectar actos de corrupción u otra irregularidad de funcionarios públicos es despedirlos, sin mayores consecuencias.

Para subsanar esta falla, la Administración estatal envió desde el 2016 una nueva ley al Congreso de Querétaro, pero ésta fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que fue aprobada antes de que entrara en vigor el Sistema Anticorrupción local.

Con información de ADN

Fuente: Reforma