Una vez promulgada la reforma constitucional en materia de transparencia, lo que sigue es la construcción de las leyes y de los nombramientos que le darán curso y sentido concreto. Definido el marco principal, los senadores están ahora obligados a tomar decisiones sobre la integración del IFAI reformado y, junto con los diputados de la Federación, a producir tres nuevas piezas legislativas, de cuyos contenidos específicos dependerá que aquella promesa constitucional se cumpla sin trampas ni desviaciones facciosas.
Los nuevos nombramientos serán responsabilidad de la Cámara Alta —cosa digna de celebrarse por la naturaleza del nuevo órgano autónomo— aunque eventualmente podrían ser vetados por el Presidente de la República. Pero el número de personas que serán designadas mediante el nuevo procedimiento podría variar si los senadores deciden que alguno, varios o los cuatro comisionados del IFAI que hoy están a la cabeza de ese organismo cuentan con los méritos para concluir el periodo por el que fueron nombrados. Y esta decisión, en particular, no podría ser objetada por el Presidente de la República.
Ratificar o no a los comisionados actuales es una cuestión clave en este proceso, no sólo porque de eso depende el número de los nombramientos restantes (tres si ratifican a todos, y siete si no ratifican a nadie), sino porque las personas que sean designadas en el IFAI participarán, también, en la integración de las ternas de candidatos para el nuevo Instituto Nacional Electoral (por barroco y absurdo que suene). Y, por lo demás, que los comisionados actuales se queden o se vayan será una decisión que deberá construirse de prisa: apenas diez días después de que éstos hayan expresado al Senado su voluntad de permanecer en los cargos que ocupan.
Lo abigarrado de este procedimiento y la rapidez con la que deben pronunciarse los senadores vuelve apremiante la construcción de criterios objetivos y transparentes para tomar esas decisiones. Si los ratificaran a todos, tendrían que explicar con claridad meridiana los motivos que tuvieron para mantener en la dirección del IFAI a ese grupo, cuya cohesión se fracturó tras la salida de Jacqueline Peschard de la presidencia de ese órgano y cuyos conflictos internos no sólo se hicieron públicos, sino que minaron la autoridad moral de la institución. Pero si ratificaran solamente a algunos de los comisionados actuales, la exigencia de claridad sería incluso mayor, pues tendrían que decirnos qué criterios y qué datos emplearon para preferir a uno o varios, por encima de los demás.
Los senadores que hicieron posible la muy celebrada reforma de transparencia podrían dar al traste con su propia obra, si optaran por decidir esos nombramientos mediante el acostumbrado sistema de cuotas; es decir, si hicieran caso omiso de la necesidad de honrar al órgano responsable de la transparencia mediante procedimientos igualmente diáfanos y bien motivados para integrar su órgano de dirección, para seguir en cambio el camino fácil de ratificar sin explicaciones a los cuatro vigentes y repartirse luego los tres restantes.
A pesar del apremio, el Senado de la República todavía está en condiciones de hacer una evaluación pública y razonable de los comisionados actuales —tal como se prometió en los prolegómenos de esta reforma—, y también de producir los criterios y los procedimientos que en su momento empleará para designar a las personas que, en su caso, completarían la dirección colegiada del nuevo IFAI. Flaco favor le harían a la transparencia si los comisionados que tendrán la misión de garantizar el acceso a la información en todo el país, en los tres poderes, en los partidos, los sindicatos, los fideicomisos, los fondos públicos y en todo el dinero público, fueran designados en lo oscurito.
Fuente: El Universal