Aunque la irrupción de la pluralidad partidaria cambió la composición del régimen político mexicano y a pesar de que desde el año 2000 se han promulgado casi 60 reformas legislativas a favor de la transparencia, el acceso a la información, la fiscalización del dinero público, la evaluación de políticas públicas, la responsabilidad hacendaria y el presupuesto por resultados, México sigue careciendo de un sistema integral, completo y coherente de rendición de cuentas.

La multiplicación de leyes, de instituciones públicas y de procesos administrativos derivados de esas materias no ha conseguido articularse en una política pública nacional y, en sentido opuesto a sus objetivos, ha fragmentado los esfuerzos y ha complicado la operación cotidiana de los gobiernos. Además, en los últimos años se han producido resistencias políticas y burocráticas nuevas, cuando no francas regresiones, a los propósitos de la rendición de cuentas, que subrayan la importancia decisiva de recuperar el sentido democrático de la gestión pública. Los gobiernos y las administraciones públicas no son propiedad de los partidos que ganan las elecciones, ni de nadie más. Pero mientras no haya un verdadero sistema de rendición de cuentas en México, capaz de someter la responsabilidad pública al escrutinio y la evaluación de los ciudadanos, la consolidación de la democracia será inviable. Todavía no se ha entendido que la distribución del poder a través de los votos será insuficiente para arraigar el régimen democrático –y que incluso puede involucionar hacia otros métodos autoritarios– mientras el ejercicio del poder siga siendo algo más o menos oculto e invariablemente patrimonialista: mientras lo público no sea realmente público.

Con esa preocupación compartida –así sea con matices– y a la luz de las investigaciones y los estudios que se han venido publicando durante los últimos años para documentar esa desviación lamentable del curso democrático del país, 40 organizaciones públicas, académicas y sociales comprometidas con la construcción de un ejercicio cada vez más democrático de la autoridad pública han integrado una Red por la Rendición de Cuentas, cuyo propósito explícito es crear un contexto de exigencia en esa materia específica y buscar, por todos los medios a su alcance, la construcción de una verdadera política de rendición de cuentas en México. No más políticas aisladas ni fragmentadas, ni más reformas parciales, ni más instituciones creadas para salir del paso, ni más argumentos para justificar de cualquier modo las decisiones y los gastos ejercidos por los gobiernos –por todos los gobiernos del país–, sino una verdadera política articulada para rescatar en definitiva la administración pública de cualquier forma de apropiación privada o política, de la naturaleza que sea.

La Red por la Rendición de Cuentas está integrada por instituciones públicas, por universidades y centros de investigación superior y por muy diversas organizaciones de la sociedad civil. No es una red de personas físicas sino morales: una red de segundo piso, fundada con un solo propósito explícito y con la mayor seriedad. Quiere contribuir a definir la magnitud del problema público que afronta el país ante la ausencia de un verdadero sistema de rendición de cuentas y quiere ayudar a resolverlo.

Con ese propósito, la Red por la Rendición de Cuentas ha convocado –con el apoyo del IFAI– a un primer Seminario Internacional que tendrá lugar el 22 y el 23 de agosto en la Ciudad de México. Un seminario abierto al público, al que vendrán ponentes de otros lugares del mundo y en el que participarán los expertos nacionales convocados por las organizaciones que integran la red.

Para situar el problema, se hablará de las seis fragmentaciones que están actuando en contra de la posibilidad misma de crear un sistema de rendición de cuentas: la conceptual –pues nadie sabe bien a bien de qué habla, cuando se habla de rendir cuentas–; la institucional, que se refiere a la multiplicación y descoordinación de los órganos creados para ese fin; la de sistemas de gestión, que abruma y entorpece la administración pública; la normativa y legal, dispersa en el cuerpo constitucional y en decenas de leyes; la social, que ha impedido reunir talentos y esfuerzos sociales en una sola dirección, y la política, que está en el fondo de los obstáculos advertidos.

Éste es el primer paso. Y aunque hay prisa, pues el deterioro institucional es cada vez más evidente, tenemos tiempo. Los cambios de fondo no se hacen en dos días.