Cuando se reflexiona desde la oposición (no partidista necesariamente) y no desde el oficialismo (también no partidista necesariamente) de repente todo parece planeado para que cuestiones claves del juego político ocurran en beneficio de tal oficialismo principalmente con el objetivo de mantener el control.

Ello parece suceder así en el caso de las violaciones sistemáticas del Partido Verde Ecologista de México a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales penalizadas con diversas multas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y ratificadas en buena medida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PEPJF).

Transgresiones que de paso, cosa que no se ha comentado ni documentado mucho en los medios de comunicación, también ha violentado la privacidad de miles de ciudadanos, al utilizar datos personales de primer orden como nombres y domicilios, para hacer llegar a sus casas, cartas y una variedad de tarjetas y productos de todo tipo.

Ello puede presumirse que es así puesto que gracias a la autocomunicación de masas que posibilitan las redes sociales (twitter y Facebook preponderantemente) se ha evidenciado con fotografías que dichas cartas e incluso tarjetas plásticas de descuentos y otras ofertas, vienen rotuladas con esos datos. Por lo que la pregunta que inmediatamente brinca en la mente de quienes estamos acostumbrados al tema es ¿De dónde obtuvieron tales datos?

Y la primera sospecha es que de las Listas Nominales de Electores que elabora el Registro Federal de Electores y que en cada elección les hace llegar a los partidos políticos como está establecido en la norma electoral para los fines propios del proceso respectivo. Pero igual quienes conocemos las características de dichas listas, inmediatamente lo descartamos porque, en ellas no se incluyen los domicilios de los ciudadanos.

Por lo que la incógnita se mantiene ¿De dónde tomó el “Verde” los datos personales de los ciudadanos beneficiados con su generosidad? Y pensando un poquito, no mucho sólo un poquito, la respuesta sería; ¡Pues de su propio padrón de afiliados!

El cual, conforme a lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos, estaría integrado por afiliados en tres tipos de modalidad: 1) como militante, 2) como adherente y 3) como simpatizante. Según el mismo ordenamiento esta afiliación es “libre y voluntaria”, sin embargo varios de quienes han tuiteado o posteado esto niegan haberse afiliado a dicho partido. Nada raro y exclusivo del mismo. Casos similares han ocurrido en otros partidos. De hecho durante el Priato, el corporativismo gremial posibilitaba que si uno como trabajador estaba afiliado a la CTM, por ejemplo, automáticamente era uno afiliado al PRI.

Por lo tanto, si mi reflexión no anda mal, el punto clave de esto está en que gracias a que los partidos, como sujetos obligados, igual que otras entidades públicas, son aún excepciones en materia del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), de Protección de Datos Personales (PDP) e inclusive en materia de archivos; entonces son paraísos para la violación de la privacidad como el caso que comentamos, pero que hemos visto antes ya con otros partidos. La diferencia es que ahora el caso del Verde es francamente escandaloso.

¿Cuántos de los ciudadanos registrados como afiliados en los partidos políticos, realmente se afiliaron libre y voluntariamente? Es la pregunta fundacional. ¿Cuánta eficacia tienen para el control de dichas bases de datos para posibilitar, ya no digamos los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), sino sólo para cuestiones mínimas como eliminar de ellas a ciudadanos que lo han solicitado así? Indudablemente que todas las dudas habidas y por haber al respecto se pueden plantear arqueando la ceja.

Ejemplo personal: ¿Habré sido yo eliminado del padrón de afiliados del PRD como lo solicité ante la instancia respectiva en el estado de Tlaxcala en marzo del 2011? Ya tengo mis dudas y por el momento no puedo ejercer mi derecho a la protección de mis datos personales en ese partido y en ningún otro. ¿Y por qué?

Pues porque nuestros legisladores no cumplieron con el plazo autoimpuesto en la reforma constitucional en la materia, que ordenaba, si ordenaba no lo ponía a su arbitrio partidocrático, que a más tardar el 7 de febrero de este año debían haber aprobado la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de entidades públicas.

Por eso digo al principio que pareciera que todo estaba planeado, en este caso para asegurar impunidad al Verde. Claro que en el fondo no pienso que sea así, pero la suspicacia es razonable.

Y para colmo, la mala noticia es que no se ve que en un plazo inmediato nuestros legisladores federales aprueben dicha ley. Es más si se mantiene la parsimonia, para no llamarla irresponsabilidad, auguro que no lo harán en el presente periodo legislativo y casi nadie dirá nada porque estamos más metidos en lo que ocurre en el proceso electoral.

Aunque ya hay un recurso en el IFAI del caso, cuya discusión va a ser interesante en el Pleno, desafortunadamente creo que la mayoría oficialista en él impedirá una mínima justicia y por lo tanto castigo al verde.

E mail: ccirior@yahoo.com.mx

twiter: @ccirior