Desde tiempo atrás dio muestras de que, desde la oposición podía impulsar y apoyar instituciones autónomas, pero desde el poder siempre le han estorbado.

Los embates de AMLO a las distintas instituciones autónomas no debieran sorprender en absoluto. Desde tiempo atrás dio muestras de que, si bien desde la oposición podía impulsar y apoyar a dichas instituciones, desde el poder siempre le han representado un estorbo.

Un ejemplo de ello son los conflictos que tuvo como jefe de Gobierno con varias de ellas; fue el caso de la comisión capitalina de Derechos Humanos, presidida entonces por Emilio Álvarez Icaza, pues los señalamientos que le hacía le molestaban mucho. Y no se diga con el instituto de transparencia capitalino (llamado Consejo de Información Pública).

AMLO se confrontó con la consejera María Elena Pérez Jaén por señalar la opacidad sobre los segundos pisos, el caso News Divine, y otros.

Fue tal el enojo de AMLO que decidió hacer una reforma restrictiva a las facultades del Consejo y poner pura gente afín, removiendo a los consejeros vigentes. El PRD nombró a los cinco nuevos consejeros. Pérez Jaén impugnó su destitución y la Suprema Corte ordenó que fuera restituida; una consejera independiente frente a 5 alineados al gobierno. El Consejo quedó sometido a AMLO (como hoy lo está la CNDH, y quisiera que estuvieran el INE, el TEPJF, la Corte y el Inai).

Reproduzco pasajes de un artículo que Pérez Jaén escribió en 2003, pues su actualidad, hoy que se pretende silenciar al Inai, es llamativa:

“Ha quedado claro que Andrés Manuel López Obrador y su partido carecen de voluntad política para que exista transparencia en su administración y para que los habitantes de la capital accedan a la información pública que, por cierto, no le pertenece al gobierno, sino a todos los ciudadanos.

“Transparentar no significa informar diariamente a los medios de comunicación los temas de la conveniencia del gobernante; consiste en que cualquier persona solicite al gobierno la información de su interés y ésta le sea proporcionada, por mandato de ley, de manera veraz y oportuna.

“Ninguna autoridad puede autocalificarse de ‘transparente’; esa evaluación solamente corresponde hacerla a los ciudadanos. Desde que se presentó la iniciativa de ley, en diciembre de 2001, el jefe de Gobierno se opuso a ella, especialmente a la existencia de un órgano autónomo que obligara a todas las autoridades a entregar la información que requirieran las personas.

“Sería irresponsable que la fuerza política que gobierna el Distrito Federal, después de conocer la resolución de la Suprema Corte, cometiera un acto de pandillerismo político y aprobara en estos momentos reformas a la ley. Esto significaría una regresión política para secuestrar el derecho a la información, porque las reformas que contiene el dictamen restan atribuciones al Consejo, lo despojan de autonomía y lo dejan como un órgano honorífico, cosmético y de ornato.

“Cuando la competencia electoral se traduce en una concentración inmoral del poder, se corre el riesgo de malinterpretar el mandato de las mayorías como un cheque en blanco para que el gobernante y su partido hagan todo a su capricho. Lo que está ocurriendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el DF es un claro ejemplo de esto.

“No vaya a ser que la transparencia en el Distrito Federal, en vez de ser un asunto de honestidad valiente, quede secuestrada en una oscuridad cobarde… Ser demócrata es no tener miedo a la transparencia y abrir la información sin cortapisas” (Milenio 24/IX/03).

Todo lo escrito entonces por Pérez Jaén aplica perfectamente en el caso actual del ataque presidencial al Inai, su intento de paralizarla y su deseo de que desaparezca. Se percibía desde entonces, como dice Pablo Hiriart en su libro “El destructor”, el huevo de la serpiente del obradorismo, que varios no vieron. Y hoy que esa serpiente antidemocrática está plenamente desarrollada, muchos siguen sin verla.

Fuente: El Universal