La deuda es algo relativamente nuevo para los estados y municipios en México. Hace un poco más de una década era muy difícil para un gobierno estatal o municipal adquirir deuda: por un lado, estaban las restricciones del gobierno federal y, por otro, un mercado de acreedores muy limitado. Actualmente la situación es diferente. Un gobierno estatal o municipal puede acercarse con cualquier banco para hacerse de recursos económicos.

La deuda es la anticipación de los ingresos futuros. Al igual que en el caso de las finanzas personales, cuando se pide un crédito lo que en realidad se está haciendo es privilegiar el consumo presente a cambio de sacrificar el consumo en el futuro. En el caso de los gobiernos, la deuda tiene una función similar. En muchas ocasiones el contraer deuda está plenamente justificado porque se espera que el uso de los recursos de la deuda presente genere rendimientos suficientes para pagarla el día de mañana.

Pero no toda deuda estatal o municipal es igual. Para los gobiernos no es lo mismo adquirir deuda para financiar proyectos de corto plazo o incluso para el gasto corriente, que para financiar obras productivas o sociales pensadas a largo plazo. Por eso la deuda gubernamental debe ser un proceso racional de gestión eficaz de políticas públicas, que evalúe el propósito de la misma en beneficio de la sociedad.